La organización gremial criticó a la titular de la cartera del Medio Ambiente luego de insistir en retomar el Artículo 158 de la Ley General de Pesca, rechazada en mayo de 2023 y que impacta a centros de cultivo en el mar y plantas donde se procesa el salmón, afectando un encadenamiento productivo donde participan más de 5.000 Mipymes desde Ñuble a Magallanes y que perjudica a un 40% de la industria salmonera.
En una reunión de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con representantes de la región de Aysén, la autoridad señaló que “la industria salmonera se tiene que mover hacia zonas” y que “seguirá batallando” por la tramitación del proyecto de ley SBAP a través de la Nueva Ley General de Acuicultura, provocando un debate que terminó con el abandono de Rojas del conversatorio.
“La industria no se puede instalar en cualquier lugar, hay que pedir permiso y pasar por 15 servicios públicos, para eso se crearon las áreas aptas para la acuicultura donde el Estado permite operar. La ministra Rojas quiere que la industria se traslade hacia otros sitios, pero existen alrededor 400 concesiones en esas zonas. Al revisar los mapas, no hay donde moverse porque está todo solicitado como ‘área protegida o indígena’, por lo que la solución que propone el ministerio no es posible ni viable sin que exista un plan alternativo, lo que nos parece una gran irresponsabilidad”, argumentó Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.
Frente a la problemática anterior, Swett manifiesta que “la industria lleva 12 años en un proceso de relocalizaciones y que existe voluntad de las propias de comunidades y empresas para trasladarse hacia sectores más alejados del borde costero, pero que en todo este tiempo el Estado no ha sido capaz de materializar ninguna relocalización, por lo que no se ve voluntad política de ningún sector para encontrar algún tipo de solución”.
“Lo que proponemos es que se deje de legislar desde Santiago, que escuchen el sentir de la región de Aysén y en conjunto se analicen soluciones viables, razonables, que apunten a una descentralización efectiva, y un desarrollo armónico en el borde costero, el ministerio debe respetar a la macrozona sur que mueve más de 3.000 millones de dólares cada año, aportando al desarrollo económico del país”, argumentó Katia Inostroza, presidenta de la Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén (Acuiprov AG).
Luego de lo sucedido en la reunión, la asociación gremial AgrupAysén, conformada por 27 Mypes regionales del rubro de prestación de servicios a la industria acuícola, con un nivel de empleabilidad en torno a las 400 personas de manera formal, señaló mediante un comunicado que “quienes pierden con estas declaraciones de la autoridad ministerial somos los habitantes del territorio, los cientos de Mypes de la región que generamos empleos y dinamizamos la economía regional a partir de la participación en la cadena de valor de las actividades de acuicultura y pesca que se realizan en nuestro maritorio y que, dicho sea de paso, generan más del 35 % del PIB regional”.
Cabe mencionar, que este proyecto impacta a centros de cultivo en el mar y plantas donde se procesa el salmón, afectando un encadenamiento productivo donde participan más de 5.000 Mipymes desde Ñuble a Magallanes, tales como agricultores que cultivan alimento para salmones (trigo, raps, lupino), transportistas de carga, la cadena logística marítima portuaria y el cabotaje.
